Cómo puede un refugiado obtener la nacionalidad española

Plazos, matices, tipos de estatus, cómputo retroactivo y documentos.

El procedimiento de nacionalidad por residencia para personas que han pasado por el asilo suele generar confusión por dos motivos:

• en primer lugar, los distintos estatus de protección tienen plazos diferentes;
• en segundo lugar, el inicio del cómputo de la residencia puede contarse de forma retroactiva.

A continuación explico el tema de forma ordenada para que pueda entender rápidamente su plazo, el punto de inicio y la lista de documentos que realmente acepta el Ministerio de Justicia.

Base normativa en la que nos apoyamos

Para no adivinar y calcular correctamente, utilizamos tres pilares.

1. 1. Plazos para la nacionalidad por residencia.
      El artículo 22 del Código Civil establece el plazo general de 10 años y los plazos reducidos, incluido el de 5 años para refugiados y el de 2 años para determinadas nacionalidades.
   2. Qué es el asilo y la protección subsidiaria.
      Esto lo regula la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
   3. Retroactividad de una resolución favorable.
      El artículo 39.3 de la Ley 39/2015 admite el efecto retroactivo de los actos que produzcan efectos favorables para el interesado. Además, existe jurisprudencia sobre el cómputo de plazos en asuntos de asilo, por ejemplo la sentencia de la Audiencia Nacional de 01.03.2018, recurso 697/2016.

La pregunta principal aquí siempre es una: qué plazo necesita usted en concreto, cinco o diez años.

Como regla general, para solicitar la nacionalidad española por residencia se requieren diez años de residencia legal y continuada en España. Es la norma básica, de la que la ley solo hace excepciones para categorías concretas de solicitantes.

Para las personas con estatus de refugiado existe un plazo reducido. Si se le ha reconocido oficialmente la condición de refugiado, puede solicitar la nacionalidad a los cinco años. Esta reducción está prevista directamente en la ley y se refiere precisamente al estatus de refugiado, no a cualquier tipo de protección ni a una residencia humanitaria.

Existe también otra reducción que no depende del tipo de autorización de residencia, sino de su nacionalidad de origen. Si usted es ciudadano de un país iberoamericano, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, el plazo para presentar la solicitud es de dos años. La misma regla se aplica a los sefardíes. Es importante entender que en este caso la condición clave es tener residencia legal en España y que sea continuada, no el tipo concreto de tarjeta ni el motivo por el que se concedió.

Sefardí es una persona perteneciente a un grupo subétnico judío formado en la península ibérica, es decir, en el territorio de la actual España y Portugal. En palabras sencillas: son descendientes de los judíos que vivían en España antes de finales del siglo XV.

En qué se diferencia la protección temporal de los ucranianos del estatus de refugiado

En el contexto de la nacionalidad española es especialmente importante no confundir la protección temporal con la condición de refugiado.

La protección temporal que recibieron muchos ciudadanos de Ucrania tras el inicio de la guerra permite vivir y trabajar legalmente en España. Este periodo puede tener importancia para procedimientos futuros, incluido el análisis del tiempo de residencia para la nacionalidad. Desarrollo esta cuestión por separado en el artículo sobre si la protección temporal de los ucranianos computa para obtener la nacionalidad española.

Pero la protección temporal no significa que a la persona se le haya reconocido automáticamente el estatus de refugiado conforme a la Ley 12/2009. Para aplicar el plazo de 5 años en nacionalidad hace falta el reconocimiento oficial de la condición de refugiado, no solo tener protección temporal ni usar la palabra “refugiado” en sentido cotidiano.

En la práctica esto significa lo siguiente: un ucraniano con protección temporal puede tener en cuenta ese periodo como parte de su línea de residencia legal, si la residencia fue continuada y está acreditada documentalmente. Pero el estatus de protección temporal por sí solo no convierte el plazo general de 10 años en el plazo reducido de 5 años previsto para refugiados.

Si una persona con protección temporal planea quedarse en España a largo plazo, conviene valorar por separado si merece la pena pasar a otro tipo de residencia. Para ello puede utilizar la guía sobre cómo pueden los ucranianos pasar de la protección temporal a una residencia en España.

Análisis de los estatus de protección en España

Es importante diferenciar la protección internacional de la Ley 12/2009 de la residencia humanitaria del reglamento de extranjería.

1) Estatus de refugiado

Término español: condición de refugiado. Es una protección internacional conforme a la Ley 12/2009.

Qué importa para la nacionalidad: el plazo para presentar la solicitud suele ser de 5 años.

Los documentos que aparecen expresamente en la lista oficial para nacionalidad incluyen el “pasaporte azul” y el certificado de la OAR con los datos de los padres y la confirmación de mantenimiento del estatus.

2) Protección subsidiaria

Término español: protección subsidiaria. También se basa en la Ley 12/2009.

El plazo para la nacionalidad es aquí el punto más discutible.

En el Código Civil la reducción a 5 años está redactada solo para refugiados, por eso una parte de la práctica y de los materiales de consulta sigue orientándose hacia 10 años, si no existe un fundamento de 2 años por nacionalidad de origen.

Al mismo tiempo, existe jurisprudencia en la que el plazo de 5 años se extiende también a la protección subsidiaria por la lógica de equiparación de los estatus, por ejemplo la sentencia de la Audiencia Nacional mencionada en análisis jurídicos sobre PROTECCIÓN SUBSIDIARIA, SNA 1695/2019.

Conclusión práctica: si usted tiene protección subsidiaria, normalmente calculamos dos escenarios: el plazo optimista de 5 años con apoyo en la práctica judicial y el plazo conservador de 10 años según la literalidad del Código Civil. La estrategia, la argumentación y el paquete de pruebas se preparan según el caso concreto.

3) Residencia por razones humanitarias

Término español: autorización de residencia temporal por razones humanitarias.

Esto ya no es Ley 12/2009 como régimen principal, sino el reglamento de extranjería, artículo 126 del Real Decreto 557/2011. La descripción oficial del procedimiento también la publica el Ministerio de Inclusión.

Para la nacionalidad por residencia aquí normalmente se aplica el plazo general de 10 años, pero si usted encaja en el plazo de 2 años por origen, igualmente puede solicitarla a los 2 años, porque esa reducción está vinculada a la nacionalidad y no al tipo de tarjeta.

4) Denegación de asilo

Si la protección se deniega, pueden existir recursos y vías paralelas de regularización, por ejemplo el arraigo u otros fundamentos. Según la situación, es crítico no crear interrupciones del estatus legal, porque para la nacionalidad se exige residencia legal, continuada e inmediatamente anterior. Si la persona ya tiene protección temporal y pasa a otro estatus, es importante no tramitar la renuncia a la protección temporal en España demasiado pronto, antes de entender sus consecuencias.

Desde qué momento contar el plazo, el matiz de la retroactividad y qué ocurre antes de la resolución

Mientras se estudia la solicitud de asilo, la persona tiene un documento de solicitante y autorización de permanencia, pero en la lógica del cómputo para nacionalidad suelen surgir dudas. Por eso es importante reunir con antelación pruebas de la fecha de presentación inicial.

Por qué puede existir un cómputo retroactivo

Si la resolución final es favorable, el derecho admite el efecto retroactivo de los actos favorables cuando se cumplen las condiciones del artículo 39.3 de la Ley 39/2015.

La jurisprudencia sobre nacionalidad en asuntos de asilo confirma el enfoque de que el plazo puede contarse desde la fecha de presentación de la solicitud cuando el resultado es favorable, por ejemplo Audiencia Nacional 01.03.2018, recurso 697/2016.

Cómo se ve esto en la práctica

Para acreditar el inicio retroactivo normalmente no se necesita un “documento especial de retroactividad”. En su lugar funciona la combinación de:

1. resolución de concesión de protección, donde se vea la fecha de solicitud;
2. certificado de la OAR sobre el mantenimiento del estatus;
3. en caso de discusión, referencia a la Ley 39/2015, artículo 39.3, y a la jurisprudencia relevante;
4. certificado de residente.

Si su objetivo en este momento no es discutir, sino comprobar las fechas de forma rápida y precisa, ayuda mucho el certificado de residente. En esencia, es un certificado basado en los datos del Registro Central de Extranjeros, que suelen pedir bancos y administraciones, y que resulta práctico como control de plazos.

Para qué sirve este certificado

1. Muestra sus datos registrales como extranjero y confirma el estatus legal.
2. Ayuda a ver si existen interrupciones o incoherencias en las fechas.
3. Facilita la comunicación cuando distintos organismos calculan los plazos desde puntos diferentes.

Importante: este certificado no siempre refleja el “inicio retroactivo” desde la fecha de solicitud de asilo, porque en los registros puede aparecer la fecha de expedición de la tarjeta. Por eso, para la retroactividad los documentos principales son la resolución de protección y el certificado de la OAR, mientras que el certificado de residencia se usa como control adicional.

Dónde y cómo solicitarlo

La instrucción oficial se encuentra en la página sede.policia.gob.es, en la sección Extranjería, trámite “Certificado de residente”.

Normalmente se necesitan:

• solicitud EX-15;
• pago de la tasa modelo 790.012, certificado o informes emitidos a instancia del interesado;
• pasaporte o título de viaje.

Limitaciones de aplicación

Para no recibir una denegación por elegir un escenario incorrecto, conviene tener en cuenta varias limitaciones:

1. Si presenta la solicitud antes de cumplir el plazo, el expediente puede denegarse por no cumplir el periodo exigido de residencia.
2. Si existen interrupciones en la residencia, se rompe el requisito de residencia continuada e inmediatamente anterior.
3. Para la protección subsidiaria, la cuestión de 5 o 10 años debe valorarse con antelación, porque las fuentes y la práctica pueden no coincidir.
4. El certificado de la OAR tiene una vigencia de 6 meses, por lo que el Ministerio de Justicia puede no aceptar un documento antiguo.

Consejo práctico sobre cómo indicar la fecha de inicio de la residencia

Si usted tiene una resolución favorable de protección y utiliza el cómputo retroactivo, en la lógica probatoria la fecha clave pasa a ser la fecha de presentación inicial de la solicitud de asilo, y no la fecha de expedición de la TIE.

Pero antes de presentar la solicitud conviene comparar: la fecha de solicitud que aparece en la resolución, la fecha del certificado de residencia, la continuidad por empadronamiento y salidas, los sellos del pasaporte, y preparar la argumentación por si la administración “ve” solo la fecha de la tarjeta.

Preguntas frecuentes sobre la nacionalidad española para refugiados y personas con protección

¿Puede un ucraniano con protección temporal solicitar la nacionalidad española a los 5 años?

No. Solo por tener protección temporal no se puede solicitar automáticamente la nacionalidad española a los 5 años. El plazo de 5 años se aplica a las personas a quienes se les ha reconocido oficialmente la condición de refugiado. La protección temporal de los ucranianos, es decir, la protección temporal, permite vivir y trabajar legalmente en España, pero por sí sola no equivale al estatus de refugiado.

¿Computa la protección temporal de los ucranianos para el plazo de nacionalidad española?

Sí, el periodo de residencia con protección temporal puede computar como parte de la residencia legal y continuada en España, si la persona puede acreditar ese periodo con documentos y no ha tenido salidas prolongadas. Pero ese cómputo no significa un derecho automático al plazo reducido de 5 años como refugiado.

¿Quién se considera refugiado a efectos de la nacionalidad española?

Para la nacionalidad española, refugiado no es cualquier persona que haya abandonado su país por la guerra o por peligro, sino quien tiene reconocida oficialmente por España la condición de refugiado dentro del procedimiento de protección internacional. Precisamente este estatus permite aplicar el plazo de 5 años del artículo 22 del Código Civil.

¿Qué documentos acreditan el estatus de refugiado para la nacionalidad española?

Normalmente se necesitan documentos de la OAR o del Ministerio del Interior que confirmen el reconocimiento y mantenimiento del estatus de refugiado, así como los datos del solicitante. Pueden ser documentos importantes la resolución de concesión del estatus, el certificado de la OAR, la TIE, el pasaporte azul u otro documento utilizado en lugar del pasaporte del país de origen, si procede.

¿Da la protección subsidiaria derecho a solicitar la nacionalidad a los 5 años?

Con la protección subsidiaria la situación es más compleja. En el Código Civil el plazo de 5 años aparece expresamente para refugiados, por lo que el enfoque conservador suele partir de 10 años. Pero existe jurisprudencia y argumentación según la cual la protección subsidiaria puede tratarse de forma cercana al estatus de refugiado. Por eso en estos expedientes conviene calcular dos escenarios: el plazo prudente de 10 años y el plazo argumentado de 5 años.

¿Da la residencia humanitaria un plazo de 5 años para la nacionalidad?

Normalmente no. La residencia por razones humanitarias por sí sola no constituye estatus de refugiado. Por eso, para la nacionalidad española se aplica con mayor frecuencia el plazo general de 10 años, si la persona no tiene otro fundamento reducido, por ejemplo el plazo de 2 años por nacionalidad de origen.

¿Desde qué momento contar el plazo de residencia si el asilo fue aprobado?

Si la resolución de protección internacional fue favorable, en algunos casos puede argumentarse que el plazo cuenta retroactivamente desde la fecha de presentación inicial de la solicitud, y no solo desde la fecha de expedición de la TIE. Para ello son importantes la resolución de protección, el certificado de la OAR, la fecha de presentación de la solicitud y las pruebas de residencia continuada en España.

¿Qué ocurre si se presenta la solicitud de nacionalidad antes del plazo necesario?

Si la solicitud se presenta antes de cumplir el plazo establecido, el Ministerio de Justicia puede denegarla por periodo insuficiente de residencia legal y continuada. Por eso, antes de presentar conviene comprobar el estatus exacto, la fecha de inicio de la residencia, las salidas de España, los documentos de la OAR y el plazo aplicable: 5, 10, 2 o 1 año.

¿Debe un refugiado presentar pasaporte y certificado de antecedentes penales del país de origen?

En algunos casos, los documentos del Ministerio del Interior español que acreditan el estatus de refugiado o apátrida pueden sustituir el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes penales del país de origen y el pasaporte, si obtener esos documentos es imposible o contradice la lógica de la protección. Pero hay que preparar correctamente los documentos de la OAR y comprobar qué documentos son aplicables en el caso concreto.

¿Pierde una persona el estatus de refugiado después de obtener la nacionalidad española?

Sí, la obtención de la nacionalidad española puede provocar el cese de la protección internacional, porque la persona pasa a recibir la protección de un nuevo Estado. Por eso, antes de solicitar la nacionalidad, un refugiado debe valorar no solo los aspectos migratorios, sino también posibles riesgos de extradición o riesgos de derecho internacional, especialmente si en el país de origen continúan procedimientos penales o persecuciones políticamente motivadas.

Documentos para la nacionalidad

Qué particularidades tienen refugiados y apátridas.

La fuente oficial más importante sobre los documentos precisamente para refugiados y apátridas es la Orden JUS/1625/2016 en su versión del BOE.

Esta norma indica expresamente que los documentos del Ministerio del Interior que acreditan el estatus pueden sustituir:

• el certificado de nacimiento;
• el certificado de antecedentes penales del país de origen;
• el pasaporte, si no se dispone de él.

Normalmente se exigen obligatoriamente:

1. Formulario normalizado de solicitud. En caso de presentación a través del registro electrónico, se sustituye por el formulario en línea.
2. Justificante del pago de la tasa modelo 790.026.
3. TIE.
4. Exámenes: CCSE, DELE A2, si no existe dispensa.
5. Pasaporte Azul, es decir, documento de viaje conforme a la Convención de Ginebra de 1951, si procede.
6. Certificado o resolución de la Oficina de Asilo y Refugio, OAR, del Ministerio del Interior, donde consten:
   • nombre y apellidos;
   • fecha y lugar de nacimiento;
   • nombres de los progenitores;
   • confirmación de que la persona mantiene el estatus de refugiado o apátrida.

Este certificado tiene una validez de seis meses desde la fecha de expedición.

También conviene recordar que la Policía Nacional, en la descripción de los procedimientos relativos al documento de viaje, menciona expresamente las unidades competentes en protección internacional, incluida la OAR, como lugar donde se tramitan estas cuestiones.

Apátrida es una persona a la que ningún Estado considera nacional suyo conforme a su legislación. Dicho de forma sencilla, es una persona que no tiene la nacionalidad de ningún país del mundo.

Caso práctico: nacionalidad española tras el reconocimiento del estatus de refugiado

En mi práctica hubo un caso en el que el solicitante primero pasó por el procedimiento de protección internacional en España y después obtuvo con éxito la nacionalidad española por residencia.

La situación fue la siguiente: la persona presentó una solicitud de protección internacional en España y, más tarde, el Ministerio del Interior le reconoció la condición de refugiado y le concedió el derecho de asilo. Pasados varios años, cuando ya se había acumulado el plazo de residencia necesario, el solicitante preparó el expediente de nacionalidad española por residencia.

El punto clave de este caso era que no se trataba de una residencia humanitaria ni de protección temporal, sino de un estatus de refugiado oficialmente reconocido. Por eso, para calcular el plazo se utilizó el plazo reducido de 5 años, previsto para personas con condición de refugiado.

Para presentar la solicitud de nacionalidad se utilizaron documentos especialmente importantes en expedientes de refugiados:

• certificado o resolución de la OAR / Ministerio del Interior que confirmaba el reconocimiento y mantenimiento del estatus de refugiado;
• pasaporte azul, es decir, documento de viaje conforme a la Convención de Ginebra de 1951;
• TIE;
• justificante del pago de la tasa;
• documentos relativos a los exámenes del Instituto Cervantes, si eran necesarios en el caso concreto;
• datos sobre la residencia legal y continuada en España.

La solicitud de nacionalidad se presentó electrónicamente mediante el procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia. En el expediente se indicó la situación del solicitante como refugiado o apátrida, y entre los documentos aportados figuraban el certificado de la OAR y el pasaporte azul.

Como resultado, el Ministerio de Justicia concedió la nacionalidad española por residencia. Después, en el Registro Civil se practicó la inscripción correspondiente de adquisición de la nacionalidad española, se realizó la jura y se inscribieron los nuevos datos del solicitante ya como ciudadano español.

La conclusión práctica de este caso es la siguiente: si la persona realmente tiene reconocida la condición de refugiado, y no solo otro tipo de protección o residencia humanitaria, el plazo de 5 años puede ser aplicable. Pero el éxito del expediente no depende solo del plazo. Es importante acreditar correctamente el estatus, mantener vigente el certificado de la OAR, aportar un documento de viaje adecuado y comprobar con antelación la continuidad de la residencia en España.

Además, tras obtener la nacionalidad puede ser necesario solicitar un certificado de concordancia para vincular el antiguo NIE con el nuevo DNI y confirmar que se trata de la misma persona. Esto resulta especialmente útil para bancos, organismos públicos, contratos, inmuebles, cuestiones fiscales y otras situaciones en las que los documentos antiguos estaban emitidos con NIE y los nuevos ya se tramitan con DNI.

Qué debe revisar un refugiado antes de obtener la nacionalidad española

Es importante advertir a los refugiados sobre un riesgo que muchas personas no tienen en cuenta al inicio del camino: tras obtener la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado, la protección internacional cesa, porque la ley prevé expresamente el cese del estatus de refugiado cuando se adquiere una nueva nacionalidad y se disfruta de la protección del nuevo Estado.

Esto significa que cesan los derechos vinculados precisamente al estatus de refugiado como régimen de protección internacional. Mientras el estatus estaba vigente, la garantía principal consistía en la prohibición de devolución y expulsión al país donde existe riesgo de persecución.

Después de la naturalización, esa garantía ya no funciona como protección de refugiado, y los riesgos relacionados con causas penales y notificaciones internacionales del país de origen no desaparecen automáticamente. Por eso, antes de solicitar la nacionalidad conviene valorar los riesgos de extradición con un abogado especializado y comprobar con antelación si han aparecido alertas de búsqueda activas.

En mi práctica hubo un caso en el que una persona, después de obtener la nacionalidad española, vivió tranquilamente durante muchos años y estaba convencida de que la cuestión estaba cerrada. Pero al cruzar la frontera de un tercer país se encontró con un problema por una búsqueda internacional que desconocía. Como resultado, tuvo que recuperar urgentemente los documentos de su estatus anterior y de los motivos de persecución, y entrar en un largo proceso judicial que se prolongó durante mucho tiempo y que, en la práctica, la dejó vinculada al país del procedimiento, creando un riesgo real de quedar atrapada por el propio proceso.